Entre 19.000 y 25.000 personas siguen condenadas a muerte en todo el mundo. Al menos 1.591 personas fueron ejecutadas durante 2006 en 25 países, el 91 por ciento sólo en China, Irán, Pakistán, Irak, Sudán y Estados Unidos. En Kuwait se registró el mayor número de ejecuciones per cápita del mundo, seguido de Irán.
Estas cifras son aproximadas debido al secretismo que rodea a la pena de muerte. Muchos gobiernos, como el de China, se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones, mientras que el de Vietnam ha llegado a declarar “secreto de Estado” las estadísticas e informaciones sobre la pena capital.
No cabe ampararse en que única y exclusivamente nos encontramos ante la aplicación de la ley, pues no toda ley puede reputarse de justa, y ni mucho menos de legítima. El ser humano por el mero hecho de serlo goza de una serie de derechos inherentes al mismo, y, entre ellos, como lógico, se encuentra el derecho a la vida. Dicho derecho en cuanto pertenece a la persona por el mero hecho de serlo no requiere su reconocimiento en el ordenamiento jurídico, y, obviamente, no admite ningún tipo de quebranto o limitación.
No existe justificación para aplicar el asesinato a través de la maquinaria estatal. Ni siquiera jurídicamente puede ser admisible, en cuanto toda ley penal debe estar limitada por los derechos fundamentales. Toda ley que contradiga el mayor de los respetos al derecho a la vida debe ser calificada como no válida. (en muchos casos, será calificada como inconstitucional).
Dos son las justificaciones que más se escuchan: a) 'La ley lo permite': como he indicado no toda ley es legítima, pensemos que en la época nazi existían leyes formalmente aprobadas que legitimaban el genocidio contra lo que se entendía como razas inferiores, y ello obviamente no resulta aceptable. b) 'Con ello se reducen los crímenes': No es menester insistir en la cuestión, sólo baste remitirnos a los índices de delincuencia de aquellos países donde se sigue aplicando, índice idéntico o superior a aquellos países donde consta su abolición.
Son muchos los países donde se sigue asesinando a personas amparándose en una legislación que no puede considerarse como válida (mapa)
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